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Caracas - Venezuela
16 de Diciembre 2017 / 06:33 pm
Informe Final de la Comision Especial de Fronteras
Fecha: 19/05/2016

INTRODUCCIÓN

 

Antecedentes del problema en la frontera

 

 

La inclusión de toda la población al pleno goce y disfrute de los derechos humanos y la vinculación de estos derechos con un concepto integral de Seguridad y Defensa más allá de una decisión de sus gobernantes, residen en el mandato constitucional establecido en la Carta Magna de 1999.

 

 

Las dos últimas décadas del pasado siglo, han sido escenarios de una creciente agudización de problemas del eje fronterizo a consecuencia de una penetración de acciones que vulneran reiteradamente la soberanía sobre el territorio venezolano, cuyas variables de un sitio a otro son geográficas y demográficas, dependiendo del territorio en cuestión, donde se pone de manifiesto la expoliación de los recursos económicos naturales o no, generando astronómicas pérdidas financieras a la nación y trayendo una profunda degradación en la naturaleza y tipología propia de cada territorio y como es natural en estos casos, cambios perjudiciales en las actividades, económicas (productivas y comerciales), sociales y culturales para la gente que habita en las fronteras venezolanas.

 

 

La ausencia de políticas del Estado para la frontera, conlleva a determinar los bajos niveles de desarrollo fronterizo y abandono, determinados a partir de un conjunto de problemas de seguridad y antecedentes conceptuales sobre la dinámica económica, social y cultural que surgen a partir de la ocupación humana de determinados territorios fronterizos, tomando en cuenta aquellos fenómenos derivados de intercambios en el marco de la interrelación espacial de dos o más modos de vida diferentes.

 

 

 

Problemas que afectan a la frontera

 

La ausencia de recato por parte del Estado y por ende su falta de énfasis en pro de un ordenamiento territorial básico que permita una gestión pública

 

planificada en las remotas zonas integrantes de los espacios fronterizos, ocasiona actividades ilegales: desde el contrabando de combustible, productos de primera necesidad, materia prima para las industrias, minería ilegal, extracción de productos forestales, productos pesqueros, especies exóticas, procesos migratorios ilegales, penetración del narcotráfico, el ingreso de grupos irregulares (guerrillas colombianas), degradación de vida de las etnias aborígenes que las habitan, la destrucción del medio natural por tecnologías no apropiadas entre otras manifestaciones, hasta una pujante industria de fuga de productos acabados (alimentos, medicinas, artículos de construcción, repuestos automotrices), así como también mafias alentadoras del soborno, peajes ilícitos, secuestro, invasión de territorios, acrecentamiento del sicariato, entre otras, cuyo auge eleva la línea emergente de estos odiados fenómenos, en el marco de un cierre del paso de los municipios fronterizos al territorio colombiano por parte del Ejecutivo Nacional.

 

 

 

 

Expectativas en torno a una Ley de Fronteras

 

 

Para nadie es un secreto y la propia dinámica lo refleja, que el accionar político del Estado venezolano hacia sus regiones fronterizas se caracteriza por profundas deficiencias y dispersión en pro del logro de los sagrados principios de soberanía. Es realidad palpable en todos los espacios limítrofes del Territorio Nacional, donde la dinámica tiene supremacía, que se requiere con suma urgencia, mayor transparencia y claridad en el accionar del Estado venezolano para sus fronteras, en aras de apuntalar la integridad territorial y el desarrollo de estas regiones en plena sintonía con las naturales y nacionalistas estrategias que deben servir de

 

soporte a la gestión económica, a las garantías sociales, de seguridad y defensa, ambientales, tecnológicas y culturales propias de una nación cuidadosa de sus intereses y patrimonio.

 

 

Un

ordenamiento

jurídico

que  facilite  la  implementación  de  la   seguridad   y

defensa

de

las

fronteras

nacionales, como preeminencia de una homogénea y

sólida política fronteriza, va de la mano con  incentivar

la  agricultura,

la  pesca

y

la   ganadería,

la  industria  agroforestal,  petrolera,  gasífera  y  minera,  la

agroindustria,

la

industria

y  el  comercio,  como  enclaves  de  un

desarrollo

nacional,

así como el fomento de  centros  poblados  con

óptimos servicios y vías

               

 

de comunicación, trayendo consigo una sustancial elevación de la calidad de vida para sus habitantes y en aras de la consolidación social, económica y cultural de toda Venezuela.

 

 

Todos estos aspectos están comprometidos con un ordenamiento jurídico para las fronteras en el que se establezca las líneas de acción del Estado venezolano para cambiar un rostro empañado por una compleja problemática que ocasiona pesimismo, desesperanza y sobre todo el deterioro ético y moral en los espacios territoriales en discusión.

 

 

En la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución de la República aprobada en diciembre de 1999, señala la prioridad de legislar en torno a un marco jurídico relacionado con la frontera, en un lapso de dos años, en donde establece “La

 

Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, educación y fronteras”. Sin embargo, que muchas organizaciones y expertos presentaron propuestas en este sentido, el 30 de diciembre de 2015 en el marco de la Ley Habilitante, el Presidente de la República

 

Promulga una Ley Orgánica de Frontera carente de consulta y sin considerar el Proyecto de Ley que ya se venía discutiendo en el parlamento y del cual ya se encontraban aprobados 38 artículos.

 

Estados de Excepción y cierre de Fronteras

 

 

El cierre de la frontera en el Estado Táchira, se ejerce mediante Decreto de Estado de Excepción válido por 60 días continuos, que comienza en 5 Municipios: Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho-Libertad, Capacho-Independencia: posteriormente se extendió a otras zonas del Occidente del país afectando a otros 19 municipios para un total de 24: Rafael Urdaneta, Lobatera, García de Hevia, Ayacucho y Panamericano del estado Táchira; La Guajira, Mara, Almirante Padilla, Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Jesús María Semprun, Catatumbo y Colon del estado Zulia: Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure: y Atures del estado Amazonas. El pretexto, un ataque a miembros de la FAN perpetrado en San Antonio del Táchira con resultado de varios heridos, para luego argumentar la guerra económica, el contrabando de extracción y el bachaqueo. El estado de excepción tenía vigencia de 60 días y fue prorrogado por 60 días más, es decir que cesó su vigencia el 19 de diciembre de 2015, sin embargo a la presente fecha (mayo 2016) la frontera continua cerrada.

 

 

A raíz de esta situación son cuantiosas las denuncias, desde crímenes de lesa humanidad, en el entendido en este caso como manifestaciones de Deportación o traslado forzoso de población, especialmente de ciudadanos colombianos a su país de origen; hasta una parálisis de la actividad económica en la frontera, con pérdida de millones de dólares diarios, afectando a ambas partes de la frontera

 

que vivían del intercambio comercial trayendo como expresión una crisis humanitaria en estado manifiesto a menos que reabran el paso.

 

 

La nueva gestión parlamentaria realizó una serie de actividades, para recoger in situ, toda la información necesaria para el cumplimiento de la misión encomendada a esta Comisión. El presente Informe refleja las situaciones encontradas: contrabando de extracción como manifestación que no escapa a los desajustes económicos entre ambos lados y cuya expresión se concreta en los miles de ciudadanos practicando el bachaqueo, el contrabando de extracción de gasolina y productos de la cesta básica; toda esta actividad continua de forma acelerada, pero ahora bajo el control de supuestas mafias asociadas con algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que se dejan corromper mientras deben cumplir con sus funciones de resguardo de la soberanía nacional. Los pasos fronterizos principales están cerrados y controlados, pero no hay manera de cerrar los cientos de trochas que existen entre ambos países.

 

CREACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE FRONTERA

 

La Asamblea Nacional en su Sesión Ordinaria del día 13 de enero de 2016, incluye en su Agenda, un debate sobre el cierre de la frontera, donde aprobó un

 

Acuerdo Sobre la Crisis de Frontera y Estado de Excepción en Veinticuatro

 

Municipios de la República”, para rechazar categóricamente el cierre unilateral de la frontera venezolana con la República de Colombia y solicitar al Presidente de la República, la apertura inmediata de la frontera, la restitución inmediata del Estado de Derecho, respecto al derecho al libre tránsito y demás garantías constitucionales; así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, así mismo contempla designar una Comisión Especial de Frontera, para investigar y atender todas las afectaciones producto del cierre de la frontera y evalúe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Fronteras, publicado en Gaceta Oficial N° 6210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015.

 

 

La Comisión quedó integrada por las diputadas Laidy Gómez (Presidenta) y Gaby Arellano (Vicepresidenta); y por los diputados Juan Requesens, Omar Barboza y Julio Montoya. El 21 de enero de 2016 se instala formalmente la Comisión Especial de Frontera, y en esa sesión se acuerda establecer la temporalidad de la Comisión en ciento ochenta (180) días continuos.

 

 

La Comisión Especial de Frontera para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de la Asamblea Nacional, aprueba un cronograma de visitas a los estados fronterizos para reunirse con los distintos sectores sociales y productivos como con la comunidad en general para conocer la afectación que les ha ocasionado el cierre de la frontera y para informarles sobre la Ley de Frontera aprobada el 30 de diciembre de 2015.

 

La Comisión realizó reuniones y sus miembros asistieron a diversos eventos para escuchar a distintas organizaciones y ciudadanos conocedores del tema fronterizo, entre ellos:

 

Foro organizado por la ONG “Somos Ciudadanos Organizados” (SOCIO) el día 12 de marzo, en el Colegio de Abogados del estado Táchira, donde asistieron las diputadas Laidy Gómez y Gaby Arellano.

 

Invitación a la reunión Ordinaria de la Comisión del día 7 de abril de 2016, a los expertos: María Teresa Belandria, Especialista en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, quien hace una amplia exposición sobre la cronología de estudios y análisis de la situación fronterizas desde hace varias décadas, resaltando que hay importantes diagnósticos como los hechos por la Comisión Presidencial de Integración de Asuntos Fronterizos, que contienen análisis perfectamente vigentes a la actualidad. Hizo críticas a la Ley de Frontera vigente, la cual debió ser objeto de una amplia consulta, su contenido pareciera estar ajustado únicamente a la frontera colombiana y no para el resto de los estados fronterizos; explicó el caso de las REDIS fronterizas con actividades contradictorias y facultades que no vienen al caso. Refiere que la ambigüedad de la ley vigente parte de su propia exposición de Motivos, que fue aprobada sin que mediara una discusión de fondo, es una ley improvisada que pone al descubierto un gran desconocimiento de la realidad fronteriza, por lo que a su juicio debería ser derogada y formularse un nuevo instrumento jurídico. Rocío San Miguel, Especialista en Materia de Seguridad y Defensa, señalando que la actual ley de frontera fue aprobada de manera apresurada, apenas seis (6) días antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, con un contenido de apenas 23 artículos y tres disposiciones transitorias, la cual se pudiera describir a grandes rasgos como un instrumento hecho para otorgar a la potestad del Ejecutivo Nacional la política de frontera, lo cual si es potestad

 

del Poder Público Nacional, considera que salvo el artículo 20, su contenido es meramente declarativo y fraudulento ante la Constitución, por lo que considera debe ser derogada. Igualmente informó que la Asociación Control Ciudadano ha presentado en esta reunión un documento sobre la ley que se propone sea incorporado al conjunto de documentos, para que sirvan de base en el análisis y discusión de la presente ley. Walter Márquez, Defensor de Derechos

 

Humanos y Diputado Jubilado, sostiene que hace falta una ley de frontera con una nueva metodología para enfrentar los graves problemas que ahí sucede; considera que el cierre fronterizo es absolutamente inconstitucional y que tiene que ver con esa visión meramente militarista que tiene el gobierno sobre esta zona, refiere que el concepto de seguridad social debe ser humanizado. También señala que es importante reivindicar los avances de los anteriores gobiernos sobre este tema, como por ejemplo poner de relieve el tema de la integración fronteriza. Propone la convocatoria a reuniones de trabajo donde se analice el derecho comparado, los diagnósticos de las Comisiones Presidenciales Fronterizas y las referencias que al respecto hacen las constituciones estadales. José Gregorio García, Especialista en Integración, informa que en noviembre de 2014 y por vía de la Ley Habilitante, el Presidente Nicolás Maduro puso el Ejecútese a la Ley de Desarrollo Regional Integral – Socioproductiva de la Patria, la cual contiene más elementos sobre el tema fronterizo que la propia Ley de Frontera, mas aun cuando tenemos una caracterización muy particular, y es que somos un país aguas abajo, ya que casi todos los afluentes acuíferos vienen de Colombia y en menor grado de Brasil, por lo que lo ideal es una frontera que genere desarrollo. Asegura que las diversas comisiones fronterizas han realizado un trabajo importante que pueden servir en este momento, sobre todo en temas tan relevantes como el social y ambiental.

 

Reunión con los distintos sectores sociales y productivos en el marco de las visitas realizadas por la Comisión a los estados fronterizos. Estado Táchira el 12 y 13 de febrero; En Apure el 19 de febrero; Zulia el 26 de febrero; y Amazonas el 8 y 9 de abril.

 

Invitación de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (CAVECOL) a la Diputada Laidy Gómez el 9 de mayo del año en curso, donde se comprometieron a proporcionar información sobre la afectación del sector comercial del eje fronterizo a causa del cierre de la frontera.

 

 

Es importante señalar que esta instancia legislativa participó de manera formal sobre la conformación de la Comisión Especial de Frontera a objeto de coordinar acciones en conjunto a las siguientes instituciones sin obtener respuesta alguna:

 

Mayor General Vladimir Padrino López , Ministro de la Defensa y Comandante Estratégico Operacional.

 

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República.

 

Aristóbulo Isturiz, Vicepresidente Ejecutivo de la República.

 

Mayor General Gerardo Izquierdo Torres, Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz.

Delcy Rodríguez, Canciller de la República.

 

 

Asimismo se destaca la negativa de los diputados del Polo Patriótico en conformar

 

y participar en la Comisión.

 

GIRAS REALIZADAS

 

 

A continuación se describe los resultados de las vistas realizadas por la Comisión a los estados fronterizos:

 

 

Visita al Estado Táchira:

 

 

La visita realizada al Estado Táchira se realizó durante los días 12 y 13 de febrero; el primer día en la población de Boca de Grita del Municipio García de Hevia, y en San Antonio, Municipio Bolívar el 13 de febrero. Los diputados que asistieron a esta actividad fueron Laidy Gómez, Karin Vera, Sonia Medina, Eduardo Marín, Franklin Duarte y Carlos Valero.

 

 

Boca de Grita

 

 

El día 12 de febrero del presente año, en la localidad de Boca de Grita, Estado Táchira se realizó una asamblea entre las cuales se encontraban representantes de distintos sectores, de la Alcaldía de Panamericano, del Concejo Municipal de García de Hevia y comunidad en general. En dicha jornada se expresaron aquellos problemas que han surgido en la población luego del cierre de la frontera en el mes de agosto de 2015, así como aquellos problemas que ya se manifestaban y en el presente agravados y su preocupación por la actuación abusiva por parte de funcionarios militares en la zona.

 

 

En el sector comercial los principales problemas que se le han presentado ha sido la falta de insumos para comercializar dada la baja producción por falta de materia prima, así como la retención ilegal de la mercancía por parte de funcionarios militares, entre los cuales existen quienes cobran vacunas a aquellos que desean

 

transportar su mercancía. El resultado de todo esto es una escases enorme acompañada de altos precios por la poca mercancía que llega. Indican también que anteriormente compraban gran parte de la mercancía del otro lado de la frontera pero que hoy en día dependen prácticamente de La Fría.

 

La falta de materia prima para la producción de alimentos y productos ha generado el cierre de diversas empresas en la zona. Afirman que anteriormente compraban esta en Colombia, sin embargo dado al cese de tal oportunidad se han visto obligados a disminuir drásticamente la producción. Uno de los sectores más afectados es el agrícola, el cual indica que gracias a la ineficiencia de Agropatria no consiguen semillas, fertilizantes y otros materiales que le son necesarios para la producción, que antes podían ser adquiridos en Colombia. Afirman que no se consiguen repuestos para las unidades, en especial cauchos y baterías, los cuales eran adquiridos anteriormente al otro lado de la frontera. También indican que muchos transportistas tienen sus unidades apresadas del otro lado de la frontera a causa del cierre de la misma, situación que trae como consecuencia una deficiencia en el servicio de transporte público y que muchos de ellos se encuentren sin trabajo en la actualidad.

 

 

Al igual que el resto de la población del país, el sector salud presenta dificultades para conseguir insumos y medicamentos. Afirman que anteriormente los compraban del otro lado de la frontera pero que hoy en día dependen solo de La Fría y no llegan medicamentos a la zona. Más preocupante aún es el hecho que Boca de Grita dependía de los servicios médicos a 5 minutos del otro lado de la frontera, y con el cierre de la misma tienen el CDI más cercano a 40 minutos aproximadamente, esto expone a la población a un inminente riesgo de vulnerar el derecho a la vida como en efecto les ha sucedido a las victimas fallecidas por falta de atención medica inmediata ante el cierre fronterizo de la zona.

 

La violación al derecho de libre tránsito, acompañado de abusos, sobornos y chantajes de partes de funcionarios militares, quienes además se involucran directamente en el tráfico ilegal de combustible, medicamentos y alimentos confirman que las medidas tomadas en el mes de agosto y reiteradas por el Ejecutivo Nacional están lejos de resolver los problemas que se presentaban en los municipios fronterizos y han traído consecuencias gravísimas en materia de Derechos Humanos así como la disminución de la calidad de vida de sus habitantes.

 

 

También presentaron denuncias algunos ciudadanos en cuanto a la modalidad tomada por funcionarios militares de requerir en las alcabalas a aquellos que quieren ingresar a Boca de Grita el RIF y su carta de residencia en vez del documento válido que es la cédula de identidad, una violación flagrante del derecho al libre transito condicionado por la sustitución del documento de identidad venezolano (Cedula de identidad) por otros documentos de carácter administrativo que no demuestra la nacionalidad que permite a los ciudadanos ejercer su soberanía.

 

 

San Antonio del Táchira

 

 

El día 13 de febrero del presente año una comisión conformada por seis diputados de la Asamblea Nacional, entre otros, realizaron una asamblea en la Plaza Bolívar de San Antonio del Táchira con la presencia de distintas autoridades municipales y estadales, y la participación de la comunidad en general así como la representación de sectores sociales y productivos, que expresaron una serie de problemas que se han creado y agudizado desde el cierre de la frontera el año pasado. Cabe destacar que aunque cada población fronteriza tiene problemas distintos, en su mayoría estos son los mismos para los habitantes de los distintos

 

poblados de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Entre los cientos de problemas, informaron los ciudadanos que existen algunos que causan mayor preocupación entre los que destacan:

 

 

El sector transporte informo que su principal problema es la falta de repuestos, en especial cauchos y baterías, lo que los ha obligado a mantener sus unidades paradas. Además muchos dicen tener sus unidades retenidas del otro lado de la frontera con altísimas deudas en estacionamiento y afirman la existencia de grupos pertenecientes a las Fuerzas Armadas cobrando cifras muy altas para el paso por trochas. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Antonio del Táchira asegura que tan solo en el área de transporte de carbón existen aproximadamente tres mil empleos directos entre transportistas, agencias de aduana, almacenadoras y otros servicios, los cuales han sido afectados por las medidas tomadas por el Ejecutivo.

 

 

El sector comercial afirma que sus ingresos han caído de manera acelerada debido a la retención de mercancía legal dentro del casco de la ciudad por miembros de la FANB a través de procedimientos arbitrarios y discrecionales, así como a la poca producción relacionada con la falta de materia prima que no se produce en el país y que anteriormente se compraba en Colombia. Denuncia que muchos se han visto obligados a cerrar sus negocios y otros han quedado desempleados por las bajas ventas que estos registran, incrementando de manera abrupta los índices de desempleo de la economía formal en el poblado fronterizo. Según José Rozo, ex presidente de Fedecamaras Táchira, las perdidas gracias al bloqueo al libre tránsito son aproximadamente de dos millones de dólares diarios, afectando severamente los ingresos económicos de los ciudadanos de la zona. Las medidas adoptadas han llevado al cierre técnico de un 70% de los establecimientos del sector comercial y de un 80% del sector industrial, los cuales

 

no solo han sido afectados por la imposibilidad de comercializar del otro lado de la frontera sino también son afectados por cortes de energía prolongados, ausencia de mano de obra calificada y falta de materia prima e insumos para la elaboración y comercialización de productos.

 

 

Para el sector salud la principal preocupación es la falta de insumos y medicinas, al igual que en el resto del país en estos últimos meses. Afirman que anteriormente muchos de los habitantes de la zona frecuentaban el sistema de salud de la ciudad de Cúcuta, en especial aquellos enfermos de cáncer, los cuales asistían a sus tratamientos de quimioterapia así como de diálisis al otro lado de la frontera. De igual manera, se ve con altísima preocupación la situación de salud de los ciudadanos de tercera edad, los cuales no consiguen los medicamentos que les resultan indispensables para mantener su calidad de vida.

 

 

Sin embargo, lo más relevante de la información extraída en esta reunión fue la existencia de un malestar general de la población de San Antonio ya que las supuestas razones que dio el Ejecutivo Nacional para el cierre de la frontera en varios estados a partir de agosto del año pasado eran el aumento del contrabando de gasolina, alimentos y medicamentos pero sin embargo la situación se ha agudizado, dándole espacio a ciertos grupos, de los cuales forman parte miembros de la Fuerza Armada Nacional, para acaparar el negocio del contrabando. Esta actividad ilícita en manos de tales grupos ha empeorado de manera notable la calidad de vida de los ciudadanos de San Antonio del Táchira.

 

 

Los ciudadanos han denunciado en la presente asamblea el cobro de vacunas y de tarifas para el paso por las trochas alternas, la confiscación de los productos de primera necesidad por parte de funcionarios de las FANB, la imposibilidad de ir a estudiar a colegios y a universidades a los cuales asistían un gran número de

 

estudiantes y el abuso de control constante por parte de las autoridades militares, entre otros de los muchos problemas que causan preocupación en la ciudad de San Antonio y dando fe de que el cierre de las frontera no ha traído beneficios para su población.

 

 

Con respecto a las violaciones de derechos humanos, garantizados en nuestra Constitución, existen numerosos casos denunciados por parte de los ciudadanos de San Antonio. El más notable es la violación del derecho a la vida por la falta de atención medica oportuna que antes recibían en Cúcuta y ahora se ven limitadas por la restricción fronteriza; de libre tránsito que sufren los habitantes de la zona al no permitírsele el ingreso al país vecino, agravado por el hecho de que ciertos funcionarios de las FANB están cobrando grandes cantidades de dinero para permitirles el acceso por las trochas. Muchos de los habitantes de San Antonio aseguran constantes tratos crueles e inhumanos por parte de tales funcionarios, incluso robo de dinero en efectivo, alimentos, medicinas, entre otros. De igual manera, se evidencia una clara violación al derecho al trabajo, producto del gran número de venezolanos cuya actividad laboral se produce al otro lado de la frontera, afectando los ingresos de cientos de familias. También causa gran preocupación ciertas denuncias de privación ilegitima de libertad de personas bajo presunción de ser bachaqueros o contrabandistas, dejando a un lado los derechos fundamentales del ámbito procesal como lo son el derecho a la defensa y al debido proceso, estipulados en nuestra Constitución. Otras denuncias de gravedad son aquellas con respecto a humillaciones y vejaciones por parte de funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana, los cuales actúan regularmente de una manera contraria con los preceptos legales.

 

 

Resulta evidente que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo son una clara violación al Artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual protege al libre tránsito de

 

manera colectiva o individual y al Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros artículos de tratados internacionales los cuales ha firmado y ratificado la República Bolivariana de Venezuela.

 

Visita al Estado Apure

 

Guasdualito

 

 

El día 19 de febrero de 2016 la Comisión Especial de Frontera se trasladó a la población de Guasdualito, Estado Apure. Dicha reunión contó con la presencia de la Diputada Laidy Gómez y los Diputados Julio Montoya y Luis Lipa, en donde informaron los diversos problemas que presentan los distintos sectores de la sociedad y la comunidad en general producto del cierre de la frontera por orden del Ejecutivo el pasado mes de agosto.

 

 

Los ciudadanos denuncian que desde el cierre de la frontera la adquisición de productos de primera necesidad se les ha vuelto casi imposible. Lo poco que llega a la localidad de Guasdualito es confiscado por los funcionarios militares, quienes han tomado control total de la venta de dichos productos. Representantes de la Cámara de Comercio denuncian que el matraqueo ya se ha vuelto una actividad habitual a la que se deben enfrentar los comerciantes de la zona. Para las personas que hacen vida en este rubro se ha vuelto una tragedia la presencia excesiva de funcionarios de la GNB en la localidad. Los ciudadanos también indican que ellos son los que están sufriendo la implementación del chip de combustible, puesto que sigue existiendo contrabando de este y se ha vuelto más difícil conseguirlo. De igual manera, causa desagrado en la población el total control que ejercen los funcionarios militares en la venta y distribución de cemento, elevando el precio de este de manera desproporcionada.

 

Los pobladores del sector denuncian que el cierre de la frontera ha afectado la producción en Guasdualito, existe un gran abandono de la agricultura porque no tienen como adquirir la materia prima al otro lado de la frontera, existe malestar en los productores, ganaderos, comerciantes y agricultores porque no son tratados como ciudadanos sino como delincuentes por parte de los funcionarios militares en las alcabalas que lo que hacen es “matraquearlos”; la única forma de conseguir insumos para desarrollar la industria es por medio del contrabando por la frontera, que está tomada por funcionarios militares. El sector piscícola denuncia especulación o sobre precios en el alimento para los peces y todo tipo de insumos requeridos para el proceso productivo, y con la frontera cerrada es mucho más difícil adquirirlos.

 

 

Al igual que con los alimentos, existe una falta pronunciada de insumos y medicamentos, la cual se ha agudizado de manera abrupta desde el cierre de la frontera. Los ciudadanos muestran preocupación por el estado de los ambulatorios y del hospital, en especial luego del aumento del zika, dengue, chikungunya y sarna tras las inundaciones del año pasado.

 

 

Diversos habitantes de la localidad de Guasdualito han indicado en la asamblea el constante abuso de los funcionarios militares, los cuales no solo extorsionan sino que cometen actos de violencia, roban productos y se han apoderado del mercado del contrabando. A esto se le suma la quema de varias casas de la población campesina luego del cierre de la frontera y las arremetidas en contra de manifestaciones pacíficas.

 

 

En cuanto al combustible y los diferentes controles implementados (el chip), se observa que no resuelve el problema de las colas en las estaciones de servicios de la localidad, evidenciándose que el cierre de frontera, no ha solucionado tal

 

problemática; se ha acrecentado el contrabando y la fuga del combustible al vecino país.

 

 

El cierre de la frontera ha afianzado el abuso de poder y el maltrato de parte de las autoridades militares, violando los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos; tales como: el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud (atención médica oportuna y adecuada) , el derecho a la educación(Los estudiantes ya no les sirve de nada el pasaporte y la cédula de identidad para poder asistir a las universidades ubicadas en el hermano país (Colombia), tienen que gestionar un carnet emitido por el Vicealmirante Antonio Clemente Carreño, Única y Máxima Autoridad de la Zona Especial de Frontera). El derecho a calidad de vida y buena alimentación (La falta de productos de la cesta básica, el racionamiento y la imposibilidad de acceder a ellos por el desabastecimiento, entre otros).

 

 

Se culmina el evento, tomando en cuenta todos los planteamientos efectuados por los voceros y adquiriendo los diputados de la comisión el compromiso de hacer la segunda visita en el lapso de un mes para recibir y compartir posiciones y planteamientos sobre la ley y su posible modificación o reforma. Seguidamente los diputados se dirigieron por petición de sus residentes a la población de El Amparo, en atención a invitación hecha por los voceros de esa parroquia, donde los esperaba un grupo de habitantes para hacer planteamientos de la problemática que viven en la zona relacionada con la falta de productos de la cesta básica, el maltrato por parte de los funcionarios militares y el cobro que estos hacen para facilitar el paso a Colombia. Ratificaron la problemática de los estudiantes para pasar a las universidades y la gestoría del carnet emitido por la Autoridad Única de la Zona Especial. Las cooperativas de chalaneros en el Amparo denunciaron que la frontera se encontraba cerrada para ellos, situación que impide el traslado de personas de un lado a otro por el cierre de la frontera, lo que representa que en la

 

actualidad están sin trabajo, pero señalan que los efectivos de Fuerza Armada Nacional, con sus embarcaciones militares, trasladan a personas cobrando la cantidad de Bs. 5.000 por viaje.

 

Visita al Estado Zulia

 

Paraguaipoa:

 

 

El día 26 de febrero del presente año, la Comisión Especial de Frontera se traslada a Paraguaipoa con la asistencia de los diputados Laidy Gómez, Gaby Arellano, Virgilio Ferrer, Karin Vera y Ricardo Fernández.

 

 

La actividad estaba prevista realizarse en las adyacencias de la plaza de Paraguaipoa, pero al llegar al sitio, había un operativo para venta de alimentos que impidió hacer el evento en ese lugar, razón por la cual hubo la necesidad de habilitar otro espacio, y mientras se acondicionaba el mismo la Comisión se trasladó a una almacenadora de la zona en donde se observó que se encontraba totalmente vacía, sin operaciones. Posteriormente la Comisión logró llegar al límite de la frontera en el puesto de Paraguachón, en donde se reunió con un grupo de venezolanos que planteaban la grave situación que están viviendo con el cierre de la frontera. Una vez culminado el encuentro en Paraguachón se trasladan a la cancha de la comunidad de Puerto Aleramo, sitio que se habilitó para desarrollar el evento, que inicia con la misma metodología empleada en los eventos anteriores, en donde lograron exponer sus problemáticas los representantes de los sectores de aduana, educación y transporte.

 

El sector aduanero se ve afectado por el bloqueo de la mercancía legal, lo cual implica que no existe proceso de importación y exportación que atender y que además que le genera una afectación directa al fisco nacional. Esta situación cercenó el comercio legal con el cierre de la frontera. El 90 % del personal que

 

trabaja en las almacenadoras son wuayu por lo que considera que ellos si pueden superarse trabajando. Existe un grave problema por la paralización económica al no producirse nada debido a la imposibilidad de adquirir la materia prima necesaria desde Colombia. Solicita la reapertura de la frontera para que la mercancía que hace falta pueda entrar y lograr activar el aparato productivo para abastecer el país y la idea es que los dejen trabajar en las almacenadoras que en la actualidad se encuentran completamente vacías.

 

 

Desde que se declaró el cierre de la frontera, lo que se hizo fue mover la misma desde Paraguachón a el Limón, por las largas trancas que ahora se hacen en ese punto de control, ocasionando colas interminables que afectan a toda la población y en especial a los educadores que se trasladan a trabajar; esta situación provocó también el que se duplicara el costo de los pasajes, alegándose el aumento de la gasolina de contrabando.

 

 

Al momento de intervenir los representantes del Transporte, entraron al evento un grupo de aproximadamente 60 personas ident

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