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Caracas - Venezuela
15 de Diciembre 2017 / 05:59 am
Estado:
En Comisión
N° de Gaceta
Fecha
15/02/2017
Tipo de ley
Orgánica
Ley Contra La Corrupción Y Para La Salvaguarda Del Patrimonio Público
La presente Ley tiene por objeto promover la educación contra la corrupción y los valores de ética pública y moral administrativa en los ciudadanos; establecer las normas que deben observar las personas sujetas a la misma para la administración, manejo o custodia de los bienes públicos, a fin de salvaguardar el patrimonio público y garantizar su adecuada utilización conforme a los principios de honestidad, probidad, participación, transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad que rigen el ejercicio de la función pública; así como la tipificación de los delitos contra el patrimonio público y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones.
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TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

 Capítulo I

De las disposiciones generales

 Objeto

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto promover la educación contra la corrupción y los valores de ética pública y moral administrativa en los ciudadanos; establecer las normas que deben observar las personas sujetas a la misma para la administración, manejo o custodia de los bienes públicos, a fin de salvaguardar el patrimonio público y garantizar su adecuada utilización conforme a los principios de honestidad, probidad, participación, transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad que rigen el ejercicio de la función pública; así como la tipificación de los delitos contra el patrimonio público y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones.

Ámbito subjetivo de aplicación

 Artículo 2. Están sujetos a esta Ley los funcionarios públicos; los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y demás instancias y expresiones organizativas del Poder Popular y, las demás personas naturales o jurídicas, públicas o privadas en los términos establecidos en esta Ley.

 Funcionarios públicos Artículo 3. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley que regula el Estatuto de la Función Pública, y a los solos efectos de las regulaciones y sanciones previstas en esta Ley, se consideran funcionarios públicos a:

 

  1. Quienes estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o no, originadas por elección, por nombramiento, designación o contrato, otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, de los distritos metropolitanos, de los municipios, así como de los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales o municipales, de las universidades públicas, del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los órganos o entes que ejercen el Poder Público.

 

  1. Los directores, administradores, empleados y obreros de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, cajas de ahorro y demás formas asociativas e instituciones en las que alguno de los órganos o entes de los señalados en el artículo 4 de esta Ley tengan, separada o conjuntamente, participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social; constituidas o dirigidas por alguno de tales órganos o entes o con recursos públicos; o en las cuales tales órganos o entes designen sus autoridades o directivos; o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuadas en un ejercicio presupuestario, por una o varias de las personas antes mencionadas representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto o patrimonio.

 

  1. Los voceros o integrantes de los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y demás instancias y expresiones organizativas del Poder Popular.

 

  1. Las personas naturales o jurídicas que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualesquiera de los órganos o entes mencionados en los numerales anteriores o que reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de bienes y recursos públicos.

 

  1. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley.

 

Las disposiciones de la presente Ley, se aplican a las personas indicadas en este artículo, aun cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del territorio de la República.

 

A los efectos de esta Ley, las expresiones funcionario público, empleado público, trabajador público y servidor público tendrán un mismo y único significado.

 Patrimonio público Artículo 4. Se considera patrimonio público aquel que corresponde por cualquier título a:

 

  1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.

 

  1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.

 

  1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los distritos y distritos metropolitanos.

 

  1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y las demás entidades locales, previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

 


 

 

 

 

  1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los territorios y dependencias federales.

 

  1. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales.

 

  1. El Banco Central de Venezuela.

 

  1. Las universidades públicas.

 

  1. Las demás personas de derecho público nacional estadales, distritales y municipales.

 

  1. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social; así como las que se constituyan con la participación de éstas.

 

  1. Las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, cajas de ahorro, fondos y demás instituciones constituidas con recursos públicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores, o en las cuales tales personas designen sus autoridades; o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuadas en un ejercicio presupuestario, por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.

 

Se considera igualmente patrimonio público, los recursos entregados a particulares, consejos comunales, comunas o cualquier otra instancia o expresión organizativa del Poder Popular, por los órganos o entes del sector público mencionados en los numerales anteriores, mediante transferencias, aportes, subsidios, contribuciones, créditos o alguna otra modalidad similar para el cumplimiento de finalidades de interés o utilidad pública, hasta que se demuestre el logro de las finalidades para las cuales fueron otorgados. Las personas que administren tales recursos estarán sometidas a lo establecido en esta Ley, y a las demás Leyes que rijan la materia.

 

Sentido genérico de la referencia a personas o cargos Artículo 5. La mención de personas o cargos en masculino tiene en las disposiciones de esta Ley, un sentido genérico, referido siempre por igual a hombres y mujeres.

 

Definiciones

  

Artículo 6. A los efectos de la presente Ley se entiende por:

 

Bienes Públicos: Fondos, recursos y demás activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tangibles o intangibles pertenecientes a la República, los estados, los distritos, distritos metropolitanos, municipios y sus entes descentralizados.

 

Conflicto de Intereses: Situación o evento en el que el interés, beneficio, provecho o utilidad particular del funcionario público, bien sea directo o indirecto, se contrapone al interés del Estado.

 

Declaración Jurada de Intereses: Manifestación bajo juramento de decir la verdad que realiza ante su superior jerárquico y la Contraloría General de la República, el funcionario público y las demás personas que establezca la Ley, para dejar constancia de las actividades económicas, financieras y profesionales que desarrolla distintas a su función pública, vínculos familiares y cualquier circunstancia que en el ejercicio de sus deberes o funciones, o al cese de éstas, pueda generar conflicto de intereses.

 

Declaración Jurada de Patrimonio: Manifestación bajo juramento de decir la verdad que realiza ante la Contraloría General de la República el funcionario público y las demás personas que establezca la Ley, para dejar constancia de la situación patrimonial del declarante al momento de la declaración, así como la de su cónyuge, concubino y descendientes, de ser el caso.

 

Ética Pública: Sujeción de la conducta a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud que rigen el ejercicio de la función pública, exigible a las personas señaladas en el artículo 3 de esta Ley.

 

Moral administrativa: Obligación que tienen los funcionarios, empleados y obreros de los órganos y entes señalados en el artículo 4, de actuar dando preeminencia a los intereses del Estado por encima de los intereses de naturaleza particular o de grupos dirigidos a la satisfacción de las necesidades colectivas.

 

Funcionario público extranjero: Persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; o que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública.

 

Funcionario de una organización internacional pública: Empleado público internacional o persona autorizada por una organización internacional pública para actuar en su nombre.

 

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA SALVAGUARDA DEL

PATRIMONIO PÚBLICO

 

Capítulo I

De los principios y deberes

 

Principios Artículo 7. En el ejercicio de la función pública y en la administración, manejo y custodia del patrimonio público, las personas señaladas en el artículo 2 de esta Ley se regirán por los principios de probidad, honestidad, decoro, lealtad, pulcritud, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad.

 

Carácter público de la información Artículo 8. Toda la información sobre el presupuesto y la administración, manejo y custodia del patrimonio público que corresponda a las personas sujetas a esta Ley, tendrá carácter público, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación, investigación criminal y confidencialidad que expresamente establezca la Ley.

 

Obligación de informar Artículo 9. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entes indicadas en el artículo 4 de esta Ley están obligadas a publicar trimestralmente un informe detallado de fácil manejo, comprensión y acceso sobre los recursos públicos a su cargo, que refleje la descripción y justificación de su utilización, gasto o cualquier otra información relacionada con la administración, manejo y custodia de los mismos, el cual debe estar a disposición de los ciudadanos en sus respectivos portales electrónicos, si lo tuviere, Oficinas de Atención al Público o de Atención al Ciudadano o a través de asamblea de ciudadanos convocadas a tal efecto, procurando en todo caso su mayor publicidad.

 

Derecho a la información Artículo 10. Los ciudadanos tienen el derecho de solicitar a los órganos, entes y demás personas indicados en el artículo 4 de esta Ley, cualquier información sobre la utilización de los recursos públicos a su cargo, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación, investigación criminal y confidencialidad que expresamente establezca la Ley.

 

 

Participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación presupuestaria Artículo 11. Los ciudadanos, los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas   y    demás    instancias   y   expresiones   organizativas   del    Poder Popular tienen derecho a participar en la formulación, ejecución y evaluación presupuestaria, de conformidad con la Constitución y la Ley.

 

Imparcialidad de los Funcionarios Públicos al servicio del Estado Artículo 12. Quienes estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o no, originadas por elección, por nombramiento, designación o contrato en los términos establecidos en esta Ley, están al servicio del Estado y no de parcialidad política, económica o particular alguna. En consecuencia, no podrán destinar ni usar los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos políticos, grupos de electores o asociaciones deliberantes con fines políticos, o cualesquiera de naturaleza particular.

 

Igualmente, quienes estén al servicio de la República, los estados, distritos o municipios, o sus entes descentralizados no podrá celebrar contrato alguno con dichos órganos o entes, ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de otro, salvo las excepciones que establezca la Ley.

 

Sistema de administración de personal sin determinación política Artículo 13. El ingreso, traslado, ascenso, suspensión, destitución o despido de los funcionarios, empleados y obreros de los órganos o entes públicos, no podrá estar determinado por afiliación u orientación política alguna y se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la Ley.

 

Simplificación de trámites administrativos Artículo 14. Los funcionarios públicos procurarán la simplificación de los procedimientos y demás trámites administrativos a su cargo, a fin de optimizarlos, respetando los principios de economía, celeridad, eficiencia, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley.

 

Eficiencia en la administración, manejo y custodia de los bienes y recursos públicos Artículo 15. Los funcionarios públicos deberán administrar, manejar y custodiar

 

los bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la disminución del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en atención a los fines públicos.

 Uso de vehículos oficiales

 

Artículo 16: Los vehículos pertenecientes al sector público sólo podrán utilizarse para la realización de labores o prestación de servicios estrictamente inherentes a las funciones y actividades propias del órgano o ente público al que estén asignados.

 

A fin de evitar el uso de vehículos oficiales para fines personales, en actividades electorales o políticas y en general en fines ajenos al servicio público, las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entes del sector público, dictarán las normas y políticas sobre el uso de vehículos oficiales, en las cuales se regulará lo relativo a su asignación y resguardo, y realizarán lo conducente para que dichos vehículos cuenten con la identificación que permita conocer la institución a la cual pertenecen.

 

Informe de la gestión encomendada Artículo 17. El funcionario público, que por razón de su cargo o funciones, reciba dinero para viáticos, pasajes y otros gastos, deberá presentar informe de la gestión encomendada conforme a lo establecido en la normativa interna dictada a tal efecto.

 

Uso de los bienes y recursos públicos Artículo 18. Quienes administren, manejen o custodien bienes o recursos públicos, sólo podrán destinarlos a los fines previstos en la Ley, para alcanzar los objetivos para los cuales hubiere sido creado el respectivo ente u órgano público; o la finalidad para la cual haya sido otorgado el respectivo aporte, subsidio, transferencia o incentivo fiscal, debiendo hacer un uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros.

 

Discrecionalidad Artículo 19. Los funcionarios públicos actuarán de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley. Cuando una disposición legal o reglamentaria deje a su juicio o discrecionalidad una decisión, medida o providencia, ésta debe ser suficientemente motivada y mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.

 

Rendición de cuentas Artículo 20. Las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley están obligadas a rendir cuentas de los recursos públicos que administren, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

 

La rendición de cuentas implica la obligación que tienen los cuentadantes y administradores de recursos públicos de demostrar formal o materialmente el uso dado a los mismos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas para los cuales fueron otorgados.

 

En incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de los recursos públicos administrados, será sancionado con responsabilidad administrativa, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

 

Responsabilidad Artículo 21. Las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley, son responsables administrativa, civil, penal, disciplinaria y políticamente por la administración, manejo y custodia de los recursos públicos, así como por las políticas públicas que formulen o implementen, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley.

 

 

Verificación de información Artículo 22: Las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley que en el ejercicio de sus funciones tengan la responsabilidad de contratar con personas naturales o jurídicas, deberán verificar que la información legal, financiera y técnica presentada a efectos de la contratación sea fidedigna y conforme con las leyes que rigen la materia.

 

Asimismo, deberán constatar que las personas naturales o los representantes o socios de las personas jurídicas con quienes se celebrará el contrato, no se encuentren inhabilitadas. A tal fin deberán consultar el registro de inhabilitados que lleva la Contraloría General de la República.

 

Toda contratación realizada al margen de esta norma será nula de pleno derecho.

 

Cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos Artículo 23. Los funcionarios públicos ceñirán sus actuaciones a las disposiciones del Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos, dictado por el Poder Ciudadano, sin perjuicio de las demás normativas aplicables.

 

Capítulo II

De la educación y promoción de la ética pública y moral administrativa

 

Educación contra la corrupción Artículo 24. Los órganos rectores de las políticas educativas deberán incluir en los programas de estudio contenidos referidos a la ética pública, moral administrativa, comportamiento cívico y urbanidad, con carácter obligatorio, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. Asimismo, deberán promover programas de formación docente en estas materias, para garantizar su adecuada impartición.

 

Obligación de educar contra la corrupción Artículo 25. Las máximas autoridades jerárquicas y los responsables de recursos humanos de los órganos y entes, están en la obligación de organizar seminarios, talleres, conferencias y demás actividades educativas, dirigidas a impartir al personal a su cargo, formación en ética pública, moral administrativa, comportamiento cívico y urbanidad.

 

Promoción y difusión para la educación contra la corrupción Artículo 26. Los medios de comunicación impresos, televisivos, radiofónicos, digitales e informáticos, públicos, privados y comunitarios, en el marco del compromiso de responsabilidad social, deberán incluir dentro de su programación diaria, la difusión de mensajes que promuevan el conocimiento de la ética pública, la moral administrativa, la urbanidad y los valores y virtudes cívicas.

 

Corresponderá al órgano rector de las políticas informativas y comunicacionales del Estado reglamentar su implementación y velar por su cumplimiento.

 

Recursos para la promoción y educación en materia contra la corrupción Artículo 27. Los órganos y entes a que se refiere el artículo 4 de esta Ley deberán prever los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con la obligación impuesta de promoción y educación en materia contra la corrupción.

 

Capítulo III

Conflicto de intereses

 

Prohibición de incurrir en situaciones de conflicto de intereses Artículo 28. Los funcionarios públicos ejercerán sus funciones con apego a la ética pública y la moral administrativa, debiendo abstenerse de conocer o participar en asuntos que constituyan situaciones de conflicto de intereses.

 

Las situaciones de conflicto de intereses serán sancionadas penal, civil, administrativa, política y disciplinariamente, de conformidad con la Ley.

 

Inhibición Artículo 29. Los funcionarios públicos deberán inhibirse de forma inmediata, de conocer o intervenir en casos, contratos, consultas y demás asuntos que configuren situaciones de conflicto de intereses.

 

Lo relativo al procedimiento de las inhibiciones se regirá conforme a lo previsto en el régimen jurídico que resulte aplicable al funcionario.

 

Nepotismo Artículo 30. Ningún funcionario público podrá designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quien esté vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario.

 Excepción Artículo 31. Cuando las máximas autoridades jerárquicas de los órganos y entes del sector público consideren que existen razones de mérito y capacidad que justifiquen fundadamente la designación, nombramiento, selección o contratación de su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculadas por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en cargos dentro del órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerza control de tutela, accionarial o estatutario, solicitará por escrito la autorización del Contralor General de la República.

 

En caso que la autorización sea requerida por el Contralor General de la República, será sometida a la consideración del Consejo Moral Republicano.

 

Toda designación, nombramiento, selección o contratación realizada en contravención a lo previsto en el presente artículo será sancionada con responsabilidad administrativa, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

 

Solicitud de información en las ofertas de servicios Artículo 32. Todos los órganos y entes indicados en el artículo 4 de la presente Ley, a través de las dependencias de recursos humanos, deben solicitar en los formularios utilizados para la presentación de las ofertas de servicios, información a los interesados acerca de si su cónyuge, concubino, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad prestan servicios en la institución en la cual pretenden ingresar.

 

Nulidades Artículo 33. Las máximas autoridades jerárquicas y los responsables de las dependencias de recursos humanos de los órganos y entes indicados en el artículo 4 de la presente Ley, antes de proceder a la designación, nombramiento, selección o contratación de cualquier servidor público deberán asegurarse del cumplimiento de las disposiciones aquí previstas.

 

Toda designación, nombramiento, selección o contratación realizada en contravención a las disposiciones de la presente Ley será nula de pleno derecho. La nulidad de la designación, nombramiento, selección o contratación no afectará la validez de los actos realizados antes de producirse dicha declaratoria, salvo aquellos de los cuales se derive un beneficio particular, directo o indirecto para el servidor público, su cónyuge, concubino, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.

 

Denuncias por conflicto de intereses Artículo 34. Cualquier persona natural o jurídica, o funcionario público, que tenga conocimiento de la existencia de una situación de conflicto de intereses, podrá formular la correspondiente denuncia ante la Oficina de Atención al Público o de Atención Ciudadana del órgano o ente en el cual se desempeñe o haya desempeñado el funcionario público objeto de la denuncia o ante el órgano de control fiscal competente, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional o su Comisión Permanente de Contraloría.

 

La denuncia será obligatoria en los casos previstos en el artículo 60 de la presente ley.

 

Actuación de la Oficina de Atención al Público o Ciudadana Artículo 35. Las Oficinas de Atención al Público o de Atención Ciudadana que reciban denuncias vinculadas con situaciones de conflicto de intereses, deberán remitirlas al órgano de control fiscal competente, quien solicitará a la dependencia encargada de recursos humanos del órgano o ente que las evalúe y emita su opinión respecto a la existencia de conflictos de intereses, y de ser el caso, adopte las medidas inmediatas tendentes a impedir o corregir el asunto denunciado.

 

El órgano de control fiscal, realizará las acciones correspondientes, a fin de hacer efectiva la responsabilidad a que hubiere lugar, en caso de determinar situaciones que comporten conflictos de intereses.

 

Capítulo IV

 

De la Declaración Jurada de Patrimonio y de la Declaración Jurada de Intereses de las personas sujetas a esta Ley

 

Requisitos para la presentación Artículo 36. El Contralor General de la República, mediante resolución publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, establecerá los requisitos que deben cumplirse en la presentación de la declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de intereses.

 

Presentación de las declaraciones juradas Artículo 37. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las personas señaladas en el artículo 3 de esta Ley deberán presentar declaración jurada de patrimonio y declaración jurada de intereses, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la notificación realizada por la Contraloría General de la República, a través del sistema implementado a tal efecto, con ocasión de la toma de posesión de sus cargos o del cese en el ejercicio de los mismos.

 

Asimismo, los obligados deberán actualizar la declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de intereses cuando les sea requerida por el Contralor General de la República, mediante resolución dictada a tal fin.

  

El lapso para presentar la actualización de la declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de intereses de las personas señaladas en esta Ley, se establecerá mediante resolución que dicte el Contralor General de la República.

 

La declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de intereses estarán exentas de todo impuesto o tasa.

 

La Contraloría General de la República deberá garantizar mecanismos idóneos y eficientes para que las personas a quienes corresponda presentar la declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de intereses en las comunas, consejos comunales, organizaciones socioproductivas y demás instancias y expresiones organizativas del Poder Popular, así como en los pueblos y comunidades indígenas, tengan fácil acceso a dichos mecanismos, de acuerdo con su ubicación geográfica.

 

Participación a la Contraloría General de la República Artículo 38. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el responsable del área de recursos humanos de los órganos y entes del sector público deberá incorporar en el sistema creado a tal efecto por la Contraloría General de la República, la información relativa a los movimientos de ingresos y egresos de personal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que éstos se produzcan.

 

En el caso de los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y demás instancias y expresiones organizativas del Poder Popular que reciban recursos públicos esta obligación corresponderá a la Comisión Electoral.

 

Tal participación deberá hacerla el obligado, dentro de los quince (15) días continuos siguientes a la fecha en la cual el funcionario, empleado u obrero asuma o cese el ejercicio del cargo público.

 

Prórroga por excepción Artículo 39. La Contraloría General de la República, en casos excepcionales y justificados, podrá prorrogar mediante resolución los lapsos establecidos en los artículos anteriores. La solicitud de prórroga deberá ser presentada antes del vencimiento de dichos lapsos.

 

Consignación de las declaraciones Artículo 40. La declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de intereses deberán cumplir los requisitos que establezca la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y los que mediante resolución determine el Contralor General de la República, de conformidad con lo establecido en dicha Ley.

 

 El declarante consignará en la dependencia de recursos humanos del órgano o ente donde presta servicio, copia del comprobante electrónico en el que conste haber realizado la declaración jurada de patrimonio y copia de la declaración jurada de intereses conjuntamente con su comprobante, presentadas a la Contraloría General de la República.

 

El responsable del área de recursos humanos de los órganos o entes a los que se refiere la presente Ley, está en la obligación de incorporar al expediente del funcionario público, las constancias de presentación de la declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de intereses, así como la copia de la declaración jurada de intereses y velar por el cumplimiento de esta disposición.

 

Las máximas autoridades jerárquicas y los responsables de las dependencias de recursos humanos de los entes y órganos a los que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, analizarán la declaración jurada de intereses a los efectos de determinar la existencia de un posible conflicto de intereses, en relación a las funciones a desempeñar.

 

El vocero o integrante a quien corresponda, consignará en la Unidad de Contraloría Social o su equivalente, de los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y demás instancias y expresiones organizativas del Poder Popular, copia del comprobante electrónico en el que conste haber realizado la declaración jurada de patrimonio y la declaración jurada de intereses conjuntamente con su comprobante, las cuales deberán remitir al órgano o ente rector en materia de participación ciudadana.

 

El órgano o ente con competencia en materia de participación ciudadana, deberá ingresar la información relativa a los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y demás instancias y expresiones organizativas del Poder Popular, en el sistema de registro que a tal fin disponga la Contraloría General de la República.

 

Las dudas surgidas en la presentación y análisis de las declaraciones juradas de intereses a fin de determinar posibles situaciones conflictos de interés serán resueltas por la Contraloría General de la República.

 

Verificación de la declaración jurada de patrimonio Artículo 41. La Contraloría General de la República, recibida la declaración jurada de patrimonio, podrá verificar de oficio o a solicitud del Ministerio Público, la veracidad de la misma y cotejarla, de ser el caso, con las declaraciones anteriores.

 

El Contralor General de la República atendiendo a los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en materia contra la corrupción, podrá solicitar directamente a las autoridades de los Estados Partes que de acuerdo con el derecho interno tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción, que le suministren los elementos probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de verificación patrimonial de las declaraciones juradas.

 

Durante el proceso de verificación, el Contralor General de la República podrá solicitar al funcionario que haya cesado en el ejercicio de sus funciones, la presentación de una nueva declaración, aun cuando no esté activo en la función pública.

 

Los informes de auditorías patrimoniales, así como las pruebas obtenidas por la Contraloría General de la República para verificar y cotejar las declaraciones juradas de patrimonio, tendrán fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial.

 

La Contraloría General de la República podrá verificar de oficio, o a solicitud del Ministerio Público la situación patrimonial de quienes estando obligados a presentar la declaración jurada de patrimonio no lo hicieren.

 

Facilidades para la verificación Artículo 42. Las personas que conforme a la Ley presenten la declaración jurada de patrimonio, prestarán las facilidades necesarias para verificar su veracidad. A tal efecto, permitirán a los funcionarios competentes la inspección de la declaración del impuesto sobre la renta, libros, cuentas bancarias, documentos, facturas y demás elementos que tiendan a comprobar el contenido de las declaraciones. Las personas que estando obligadas a presentar dicha declaración, no lo hicieren, igualmente deberán prestar las facilidades necesarias a la Contraloría General de la República para la verificación de su situación patrimonial.

 

Idéntica obligación corresponderá a los funcionarios, empleados públicos, particulares o personas jurídicas que tengan los documentos requeridos en su poder, quienes quedarán obligados a enviarlos a la Contraloría General de la República, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su requerimiento.

 

Las instituciones públicas y privadas que realicen actividades vinculadas con el sector financiero, bancario, asegurador, inmobiliario y de valores, así como los órganos facultados para su regulación y supervisión, deberán suministrar a la Contraloría General de la República, datos o registros correspondientes a los funcionarios públicos o particulares, relacionados con las transacciones de naturaleza económica y financiera de cualquier índole requerida para el ejercicio de sus funciones. La Contraloría General de la República podrá ordenar a cualquier órgano o ente d

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